Tres décadas de “paz, orden y progreso” porfiriano habían transformado al país. Aparentemente México se encaminaba hacia la prosperidad, y tenía un sólido desarrollo económico y una planta industrial en pleno crecimiento. A pesar de ello, la gran mayoría de la población se benefició poco del bienestar material y, por el contrario, sufría las injusticias que provocaban la concentración del poder y de la riqueza en unas cuantas manos en el campo, millones de campesinos vivían en condiciones deplorables, mientras cinco mil hacendados eran dueños de la mayor parte de las tierras cultivables del país. Políticos mexicanos y empresarios extranjeros llegaron a acaparar enormes extensiones en el norte del país a precios risibles y pasando por encima de los derechos de los pequeños propietarios. En Yucatán y Sonora, los grupos indígenas que se opusieron al despojo de sus tierras fueron reprimidos y trasladados a lugares inhóspitos. En las ciudades, los obreros tampoco gozaban de los beneficios del porfiriato: trabajaban largas jornadas a cambios de salarios insuficientes. La clase media, compuesta por técnicos, maestros y abogados, gente con educación y aspiraciones políticas, se convirtió en la principal crítica del gobierno porfirista al ver que el poder y la riqueza se mantenían en manos de unos cuantos. En cambio, a las élites del país, grandes empresarios, comerciantes y latifundistas, les preocupaba la transmisión del poder presidencial. Don Porfirio estaba a punto de cumplir 80 años y no parecía decidirse a escoger un sucesor. Por otra parte, los norteamericanos favorecidos por Díaz recelaban de su política cada vez más independiente y nacionalista, a tal grado que el presidente de Estados Unidos decidió entrevistarse con él. La paz estaba a punto de derrumbarse. Las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país; hubo huelgas en Cananea y en Río Blanco, se crearon partidos políticos y periódicos de oposición.
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